Los informes periciales forenses sobre los menores son un arma para los maltratadores contra sus mujeres
“El progenitor custodio deberá informar puntualmente delos asuntos de relevancia que afecten al menor tales como enfermedades, tratamientos médicos e incidencias escolares o de otro tipo, facilitar en todo momento la comunicación entre el padre y el hijo y colaborar activamente en el cumplimiento del régimen de visitas acordado a favor del progenitor no custodio por redundar el beneficio de los menores el mantenimiento de los vínculos afectivos con ambos progenitores. El incumplimiento de esta obligación por parte de la madre podría conllevar, siguiendo las recomendaciones del informe pericial psicológico forense, el cambio en el régimen de guardia y custodia”.
Dice una reciente sentencia emitida por el Juzgado número 1 de Santiago de Compostela sobre una demanda de modificación de medidas presentada por el padre.
El machismo se rearma, dicen las noticias sobre violencia de género. Se rearma en las escuelas, en la universidad y en los medios de comunicación, pero sobre todo se rearma en los tribunales de justicia.
El informe pericial psicológico forense al que alude la sentencia pretende ser una respuesta al gran número de sentencias no motivadas de custodia que se conceden sistemáticamente por los jueces. Se ha publicado que en un 90% de las custodias se conceden a las madres. Pues un grupo de expertos de universidades españolas, entre ellas la Universidad de Santiago, analizaron un millar de sentencias de distintos juzgados y llegaron a la conclusión de que las sentencias se emitían sin un razonamiento en beneficio del menor, por lo que propusieron ayudar a jueces y fiscales con informes periciales para emitir sentencias motivadas.
El grupo de padres separados por la custodia compartida se unieron a esta demanda de los expertos. Las autonomías firmaron entonces convenios entre los juzgados y estos departamentos de las universidades con el fin de responder a peticiones de padres (en su mayoría), que comenzaron a pedir cambios de custodias, razonadas y basadas en dichos informes. La petición de los informes se justificaron en la existencia del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), pero al recibir tantas críticas el propio síndrome, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recomendó a las juzgados no tenerlo en cuenta. Aún así se siguen aceptando demandas con esta argumentación. Las sentencias pasaron a llamarle “manipulación” al síndrome, con lo que se perdía el nombre, pero no la causa del litigio. De hecho los juzgados siguen aceptando la premisa de que la madre, sistemáticamente, pone a los hijos en contra del padre. Es más, los y las jueces continúan especulando con la supuesta manipulación femenina sobre los hijos y las hijas en contra de los padres, y adoptan esta premisa como primer razonamiento, por delante de cualquier otro.
Ante este estado de la cuestión, cabe preguntarse dos cosas: una, cómo ha mejorado la vida de las y los menores regida por sentencias motivadas y segundo, qué aporta o cómo influye la sentencia motivada de custodia en el gran problema social que es la violencia contra las mujeres. Imaginemos por un momento que el párrafo extraído de la sentencia señalada al principio esconde un caso de violencia de género no investigado, archivado o no aclarado. ¿Mejora o empeora la vida de la y del menor modificando el régimen de visitas a favor del padre?
Preguntémonos por quienes han obtenido la custodia de sus hijos e hijas amparados en sentencias motivadas con el paraguas de informes periciales forenses de este tipo. Tenemos por ejemplo al principal encausado de la Operación Carioca, referida a la trata de blancas en Lugo. Se ha publicado recientemente que dicho empresario encarcelado ha obtenido la custodia de su hija en contra de la madre, una colombiana que presumiblemente ha comenzado la relación con el encausado en el mismo club de alterne ahora precintado por la policía. En los últimos meses la madre ya no trabajaba en el club, pero sí lo visitaba la hija de 4 años, a la que entretenían las otras mujeres con chucherías mientras el padre ponía orden en el negocio de prostitución.
Los informes periciales forenses sobre los menores son un arma para los maltratadores contra sus ex mujeres. Porque el peor maltrato que se le puede dar a una mujer es descalificarla como madre. El sistema patriarcal que la educa para ser madre es el mismo que la despoja de su principal función, por lo que ya de por sí supone maltrato institucional. Y no es de extrañar las consecuencias psicológicas que se derivan para la madre de una resolución judicial de este tipo. Se puede comprobar cómo es más fácil que consiga la custodia un psicópata rehabilitado por un informe pericial forense de este tipo, que la madre, casi siempre vapuleada por el maltrato psicológico.
En Galicia los informes periciales forenses sobre los y las menores para temas de custodia y regímenes de visita de los progenitores los elabora desde hace unos años en exclusiva el Instituto de Medicina Legal (IMELGA). Si bien no cuenta con datos sobre cuántas periciales de este tipo las piden los padres y cuántas las madres. Es de suponer que si el 90 por ciento de las custodias se conceden a las madres, en su mayoría son los padres los que tratan de rescatar a las madres el deber de guarda y custodia con estos informes periciales. Y estos datos cuantitativos revelan problemas sociales de género que deberían llamar la atención de la Administración.
Por otra parte los y las forenses reciben entrenamiento para razonar sobre posibles daños que se deriven de los adultos sobre las y los hijos, pero no cuestionan la realidad que se esconde en la petición del informe. Por ejemplo, no va con ellos la violencia de género. No toca en ese turno al menos, que es el del padre. Tendrán las madres demandadas que esperar una nueva vuelta a los juzgados, si les queda dinero y fuerza para ello. Las y los forenses no deberían pasar por alto un problema social tan grave como la violencia contra las mujeres. Los juzgados están necesitados de informes creíbles sobre el daño que sufren las mujeres en las relaciones de pareja. Sin embargo se aceptan en las demandas de cambio de custodia peticiones periciales sobre los menores sin mirar en ese pozo sin fondo que es la violencia de género. Aunque haya denuncias previas de violencia, la demanda de modificación de medidas se acepta igual, por lo que parece incomprensible y cabe preguntarse: ¿a qué estamos?
La Administración gasta el dinero en convenios para informes forenses que rearman el machismo en todos los casos. Estos informes periciales forenses se convierten en un arma perversa que aumenta la violencia contra las mujeres. Las estadísticas indican que estos informes periciales se multiplican en casos en los que son las madres las que han pedido la separación de sus maridos.
Decíamos que la custodia la ostenta las madres en el 90% de los casos. El resto es compartida o la pueden tener en exclusiva los padres cuando a las madres se la han arrebatado en el juzgado o éstas han fallecido. En éste último caso se encuentran los acusados, condenados o sospechosos de asesinato de sus parejas o ex parejas. Pensemos en el número de padres con las anteriores características judiciales que ostentan la custodia de sus hijos/as en exclusiva en ausencia de las madres.
Son tantos como la multiplicación de una media de 60 casos de madres muertas anualmente, multiplicado por 5 o 10 últimos años, y por una media de 2 hijos menores de edad. Son gran cantidad de menores que pasan a ser custodiados por sus progenitores masculinos como consecuencia de la muerte de sus madres. Ese sí que debería ser una preocupación de primer orden en los juzgados.
El viudo de la azafata viguesa, Elena Calzadilla, no ha sido procesado por la muerte de su mujer por falta de pruebas; sabemos que desde la muerte de la madre, es el padre quien se ha ocupado en solitario de los hijos menores de edad. También la hija de Fabiola Mariana da Silva, asesinada por su ex pareja en la autopista AP-9, en la provincia de Pontevedra, en noviembre de 2008, convive, desde la muerte de su madre, con la actual esposa del condenado por asesinato. Y a estos casos podríamos sumar muchos más. Podríamos preguntarnos por la suerte del hijo de Sonia Iglesias, la pontevedresa que desapareció en el verano de 2010 tras celebrar la primera comunión del pequeño y anunciar a su pareja la intención de separarse de él.
