El sábado 11 de diciembre el juez peruano Rafael Martínez decidió abrir un juicio contra el ex presidente Alberto Fujimori y 4 altos cargos de su segundo gobierno, por el caso de las esterilizaciones forzadas cometidas durante su mandato.
Con este acto, se abre una luz en el largo túnel que desde 25 años ve a millares de mujeres peruanas afectadas por una irresponsable y discriminatoria política demográfica, pidiendo justicia y reparaciones.
Todo comenzó en´95, cuando el estado peruano anunció la política de planificación familiar, básicamente como medida contra la pobreza, pero presentándola en apoyo al derecho de las mujeres a acceder a una amplia gama de métodos anticonceptivos, según las orientaciones de la Conferencia del Cairo. Sin embargo desde el comienzo el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000 privilegió la ligadura de trompas, organizando sendos festivales ad hoc, en zonas rurales, sin el consentimiento informado de las mujeres, ni condiciones sanitarias adecuadas.
Las mujeres pobres y en muchos casos monolingüe quechua, aun cuando pedían solo inyecciones de Depropovera, eran obligadas con amenazas o tratos humillantes a operarse de trompas. En algunos casos, si habían recién parido en un hospital, se les ofrecía pagar los gastos a cambio de la operación de ligadura de trompas. Pero a las 4 horas de la operación, tenían que regresar a sus casas, sea como fuere, porque el centro de salud rural no contaba con la infraestructura necesaria para la recuperación.
Según los datos que se fueron poco a poco recogiendo en las provincias andinas como Anta (Cuzco) y Huancabamba (Piura), y sucesivamente en las amazónicas, por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, murieron 18 mujeres, otras 1320 presentaron denuncias por graves secuelas físicas y mentales, y 8000 testimonios fueron depositados en el Ministerio de Justicia. Se trata solo una pequeña parte de los 314.000 casos de esterilizaciones, y de las 24.000 vasectomías de hombres realizadas. Se descubrió también que se había obligado a los/las operadores sanitarios a cumplir cuotas mensuales de ligaduras de trompas, so pena de ser despedidos/as, o bajo el estimulo de premios en dinero o viajes.
Las primeras denunciantes de Anta fueron Victoria Vigo, Rute Zuñiga, las familias de las fallecidas Celia Ramos y Mamerita Mestanza, Inés Condori y otras compañeras de Chumbivilcas. Cuando se habla de denuncias, hay que recordar en que dramático contexto se dieron. Se trataba de unos años en que la “guerra sucia” entre el estado y los movimientos armados como Sendero Luminoso y MRTA producían 60.000 víctimas, básicamente de pobres e indígenas, en masacres provocados por senderistas o por el ejército. Esto mientras los apagones y atentados remecían la capital y los defensores de los derechos humanos, considerados “terrucos, (terroristas), sin más, eran perseguidos y a veces tenían que exiliarse. Fue lo que tocó también a Giulia Tamayo, una joven abogada que desafió el régimen de Fujimori publicando en 1999 con CLADEM, un reportaje clave, “Nada personal”-Reporte de Derechos Humanos sobre la Aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica en el Perú, años 96-98, denunciando las severas violaciones que se estaban dando.
La defensa de los derechos de las mujeres había marcado con un hilo rojo la vida de Giulia. Cuando todavía era estudiante de derecho, había fundado un Taller de Derecho para asistir a mujeres reclusas o víctimas de violencia doméstica en asentamientos humanos de Lima; después trabajó en el Área legal y como directora del Centro para la Mujer Flora Tristán, y sucesivamente fundó e integró CLADEM, el Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los derechos de la Mujer.
La investigación sobre las esterilizaciones forzadas costó a Giulia Tamayo amenazas de muerte, el allanamiento de su casa en ’98, por parte de agentes del servicio de inteligencia, y por otro lado, una herida a la pierna cuando iba a la morgue a reconocer el cadáver de su amiga Maria Elena Moyano, la dirigente popular matada por Sendero Luminoso. Así tuvo que exiliarse con su familia a España, donde dio una gran contribución a Amnesty Internacional con el primer reporte sobre victimas de la guerra civil y de la dictadura franquista. Su compromiso en los derechos humanos siguió en situaciones tan dramáticas como las del Congo, donde denunció las violaciones de las mujeres como armas de guerra, las de Haiti, u Honduras.
Un cáncer cortó su vida en 2014 cuando todavía era en plena actividad. Muchas personas que la conocimos recordamos su sencillez, que nunca la hacia alardear de su coraje, de sus logros y de los premios que recibió en los últimos años. Recordamos su sonrisa contagiosa, que nos llenaba de energía.
“¿De dónde sacamos la garra para vivir? ¿De dónde brotan las fuerzas para desafiar lo injusto? ¿De dónde la alegría, la risa y el ingenio?”, se preguntaba, y nos preguntamos. “De caminar con otras y también con otros, …de experimentarnos en conexión, contra todo mandato y pronósticos de abismos”, escribía. Por eso, a pesar de toda la maldad de este mundo,…”lo que venga me encuentre amando, con un inventario a favor de la alegría”, escribía en Tegucigalpa pocos meses antes de morir. No lo vamos a olvidar. Gracias, Giulia.
