El pasado 25 de octubre la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, aprobó por unanimidad la ampliación de la noción de violencia de género, a las agresiones fuera de la pareja, así como a las menores de edad, entre otros delitos como la agresión sexual o la trata
La modificación de la Ley Integral de Medidas de Protección contra la Violencia de Género, planteada inicialmente, por el grupo parlamentario de Podemos, está diseñada para adecuarse, a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) aprobada por Naciones Unidas en 1979, confirmada en 187 países, y ratificada por España en el 2001
La convención exige a los Estados miembros, no solo que no discriminen, sino que, modifiquen el papel tradicional de hombres y mujeres en la sociedad, y en la familia y, tomen constantemente medidas para eliminar la discriminación.
Por lo anterior, la medida transaccional adoptada, ha salido con la intención de solicitar al gobierno que se evalúen los doce años de vigencia de la Ley sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se valoren y analicen los recursos públicos y el impacto que ha tenido la Ley desde su aprobación en el 2004, y para actualizarla y mejorarla. En ella participaran todas las comunidades autónomas y las organizaciones de apoyo a las víctimas
La medida aprobada, también se plantea para desarrollar un protocolo de actuación integral ante la mutilación genital, que garantice una mayor protección a mujeres y niñas que la sufran, para ello, deben estar implicadas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, los servicios sociales, la justicia, la administración sanitaria, el ministerio fiscal, los servicios sociales y los organismos de igualdad, además de las representantes de las víctimas, Asociaciones, ONGs y mediadores
La propuesta de podemos, no de Ley, que fue acogida por todos los grupos parlamentarios, pide que se haga un informe sobre la valoración de necesidades y los criterios de distribución de los recursos presupuestarios destinados contra la violencia de género entre las comunidades autónomas. El informe debe presentarse para un debate en la Comisión en un plazo de tres meses
Además los grupos solicitan que se cite el pleno del Observatorio Estatal de Violencia de Género, y que se incluya en el orden del día, la revisión de las medidas implantadas por la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las empresas 2014-2020, en materia de prevención de violencia de género y de igualdad de oportunidades
La medida resulta interesante, ya que, si bien, en materia de violencia de género, España es un referente universal, la realidad continúa empeñada en demostrar que no bastan las leyes para cambiar las estructuras políticas y las debilidades que la Ley tiene en su aplicación práctica; la necesidad de reformar algunos aspectos procesales que dificultan la adecuada protección y la falta de recursos presupuestarios destinados a la prevención, sensibilización y asistencia de las víctimas, continúa siendo deficiente
