La crisis estructural del sistema capitalista que estamos sufriendo en toda Europa, y la gestión clasista de la economía provoca que empresas, ayuntamientos, administración autonómica y estatal se encuentran completamente hundidas y endeudadas…
No es así en el caso de la banca a la que financiamos sus especulaciones entre todas y todos cuando tiene problemas. En el caso de las diferentes administraciones ya lo estamos sufriendo: recortes de salarios, de personal, recortes en recursos materiales, en servicios, en subvenciones, etc
Pero como siempre, quienes primero pagan las consecuencias de los derroches de aquellos que nos están gestionando, son las personas más vulnerables y necesitadas, aquellas que por su situación ven condicionada su voz y su voto.
Ha costado mucho de esfuerzo tener un sistema de bienestar social que, aunque débilmente, protegía a trabajadoras, pensionistas, personas enfermas y/o dependientes, víctimas de violencia de género, menores en situación de vulnerabilidad… Pero no ha costado nada cargárselo a la primera de cambio. El capital necesita obtener beneficios de donde sea y por eso recurre a las privatizaciones de aquellos servicios que puedan ser lavables: sanidad, educación, atención residencial de personas mayores y con capacidades diferentes, atención a víctimas de violencia de género, medidas judiciales de menores infractores… dejando para la beneficencia o para la desaparición aquellos servicios de donde no puedan obtener rezo.
Los gobiernos de diferentes colores, lejos de enfrentarse a este negocio antisocial han colaborado durante años facilitando la privatización del sistema de bienestar social, invirtiendo dinero público en servicios que después “externalizaban”, palabra que quita dureza a su sinónima la privatización.
En el País Valenciano vimos como la Ley de Servicios Sociales de 1997 daba lugar a que la iniciativa privada pudiera participar en los Servicios Sociales. Y así empezó la bajada de los servicios sociales municipales que en vuelta de fortalecerse en personal y recursos, sufrieron la aparición de servicios privados que tomaban sus competencias: servicios de atención a la familia, centros de menores, servicios de atención a víctimas de violencia de género, adopciones, dependencia, servicios de ayuda a domicilio… De nada sirvieron las quejas de profesionales del sector que ya se olían la jugada de los poderes políticos.
Unos años más tarde, cuando la administración ya ha desmantelado buena parte de los recursos públicos de servicios sociales y los ha dejado en manos privadas (cómo está haciendo en educación, sanidad, pensiones…), el poquito que ha quedado són servicios de gestión y tramitación, tan saturados y con tanto pocos recursos que no pueden hacer ni prevención ni trabajo comunitario, una tarea que es el fundamento de los servicios sociales: trabajar por el bienestar social.
Precisamente representados de 800 ONG reunidos en Valencia han denunciado el que consideran un desmantelamiento del sistema de protección social del Estado de Bienestar y una amenaza para los derechos de los ciudadanos.
En esta línia y aprovechando la situación de crisis que estamos sufriendo las trabajadoras y los trabajadores, las de siempre, muchos ayuntamientos están dando otro golpe a la población desmontando o cargándose literalmente, los servicios de atención a la ciudadanía. Ese es el caso del ayuntamiento de Quart de Poblet (L’Horta) que hasta ahora tenía una serie de servicios que daban asistencia especializada a la población más vulnerable y más necesitada, una asistencia que no se puede dar desde otro tipo de servicios. Hablo del SEAFI Servicio Especializado de Atención a la Familia y la Infancia, y el Programa de Medidas Judiciales en Medio Abierto para menores.
El SEAFI funcionaba desde 2003 y había conseguido un modelo de trabajo en red con todas las profesionales del municipio y desde diferentes áreas: salud, educación, fuerzas de seguridad, servicios sociales… Cómo pude conocer al taller que parte del equipo (Servicios Sociales base y SEAFI) presentaron al XXIX Congreso Nacional de Terapia Familiar: “Los Nuevos Retos de la Familia y el Trabajo en Red”, realizado en 2008 en Oviedo.
En muchas ocasiones he nombrado este municipio como ejemplo de trabajo profesional y coordinado. Pero ahora su alcaldesa Carmen Martínez Ramírez prisionera de la lógica neoliberal, ha decidido que estos recursos sobran, que ya no es necesario seguir atendiendo a las familias necesitadas. Se normal, total sólo estamos hablando de menores víctimas de abusos sexuales, de mujeres maltratadas, de parejas que no saben que hacer con sus hijos consumidores de droga, de nanos con problemas de violencia escolar, de personas que han intentado quitarse la vida… o simplemente de ciudadanas que necesitan asesoramiento. Seguro que no hay otras partidas de donde ahorrar?
Los políticos siempre piensan que estos servicios sueño cargas, que no producen beneficios y siempre recurren a eliminar estas partidas antes de que otras que los puedan traer un perjuicio electoral. Y ahora Quart de Poblet, que cuenta con magníficas profesionales, quiere ahorrar dinero a expensas del bienestar social de ciudadanas y ciudadanos. Dice la regidora de Servicios Sociales Mª Cruz Abellán, que “el ayuntamiento no va a abandonar a su suerte a los actuales usuarios” y que el servicio será asumido por personal municipal. Sabe ella cuántos años de formación especializada en terapia familiar sistémica se necesita para poder atender estos casos? Cuántos cursos, seminarios y horas de supervisión hacen falta? No se trata de cambiar de lugar trabajadoras y trabajadores, estamos hablando de especialización profesional y todos no pueden realizar estas tareas.
Otros ayuntamientos seguirán los pasos de este alegando que no tienen dinero, que la Consejería no los paga y no pueden hacerse cargo. La pregunta es por que no prueban a reducir gastos en aquellas que no hagan daño a la población? Habéis pensado al reducir el número de cargos de confianza por ejemplo?
No es recortando en Servicios Sociales como se encontrará la solución en la crisis del capital sino cuestionando la lógica (ilógica) del capital y de los mercados, que es capaz de priorizar los beneficios de la banca y las multinacionales por encima de los derechos sociales. Y desde instituciones con mayoría supuestamente de izquierdas haría falta que se potenciara la participación ciudadana en igualdad de condiciones para encontrar verdaderas soluciones en una crisis que no hemos creado nosotros, pero esto supondría liberarse de la prisión ideológica del neoliberalismo.
