OPINIÓN
Tras el anuncio de un proyecto de ley que amplía las posibilidades legales de interrumpir embarazos no deseados en Bolivia se han vuelto a escuchar voces muy moralistas ellas y muy hipócritas también.
Se trata de un proyecto de ley planteado siempre desde el control que hace el Estado del cuerpo de las mujeres y, además, las concesiones que ofrece son discriminatorias, en un marco conceptual punitivo en lugar de llevarlo al de la salud pública.
El artículo 157 del proyecto de Ley del Código del Sistema Penal de Bolivia no “despenaliza” el aborto, sólo modifica la normativa punitiva vigente. Da mayores márgenes permisivos: como ser pobre de solemnidad, madre de más de tres hijos, estar a cargo de personas mayores o ser estudiante; y establece plazos: posible sólo hasta las ocho semanas de gestación y sólo por una única vez en la vida; permite la interrupción del embarazo en casos de violación, si se trata de una menor, si hay malformación del feto o peligro para la madre.
Siempre se dijo que la ilegalidad del aborto no perjudicaba tanto a las mujeres con recursos, las únicas con posibilidades de realizárselo de manera segura; sin embargo, que se beneficie con la legalidad sólo a mujeres en situación de pobreza, no solamente discrimina a las otras, sino que coloca a la opción de ser madre en parámetros económicos y no de simple opción.
Así como era muy previsible la presión en contra de este proyecto desde la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas con menor peso público (pero no de votos), sorprende la oposición oficiosa del Colegio Médico de Bolivia a una medida que da un resquicio legal a miles de mujeres que quieren abortar.
Los datos que se conocen sobre las consecuencias de la ilegalidad del aborto son terribles, pese a que esta práctica clandestina hace casi imposible tener datos fidedignos y completos: En Bolivia mueren dos mujeres cada día por abortos mal practicados, representa el 9% de causa de mortalidad materna.
Cada día se practican 185 abortos al margen de la ley y en condiciones de riesgo, por ello cada año 67.000 mujeres acuden a centros de salud en situación de emergencia. El 50% de la población femenina se ha realizado al menos una vez un aborto durante su vida, siendo un 13% adolescentes. Se trata de datos fundamentalmente urbanos.
La abrumadora cantidad de abortos que se realizan y que, es evidente, toca a gran parte de la población hace, seguramente, que los procesos penales por aborto ilegal sean reducidos, 775 en cinco años, y mucho menos los sancionados.
El aborto es una realidad cotidiana y siendo ilegal es una patata caliente para cualquier administrador de justicia. El actual gobierno no ha sabido aún dar respuesta y con esta propuesta de ley parecería que trata de hacerlo sin contrariar mucho a los habituales opositores a la legalidad del aborto.
La Iglesia Católica sale a la luz pública condenando y rechazando esta leve e insuficiente modificación a la ley, en defensa de la vida, dice, mientras hace la vista gorda de las miles de mujeres muertas por una inadecuada asistencia sanitaria, así como disimula frente a los miles de casos de pedofilia, que en algunos lugares parecería institucionalizada, entre sus curas. Hipócritas.
La representación del Colegio Médico no solo habla de objeción de conciencia, sino que se posiciona en contra. Sería bueno saber cuántos médicos son los que realizan abortos, posiblemente son muchos y ante la situación de ilegalidad es normal que no quieran pronunciarse públicamente; sin embargo, su representación colegiada, al no ser imparcial y no defenderles, les hace quedar como hipócritas.
La posibilidad de abortar es un derecho de las mujeres, el servicio de salud del Estado debe garantizarlo para garantizar la vida de las mujeres, de mujeres trabajadoras o no, estudiantes o no, provenientes de todas las clases sociales, madres o de aquellas que simplemente no quieren serlo. No querer ser madre es también un derecho.
