Diciembre 2011
Resulta incomprensible que el gobierno nacional cree una “Misión Hijos de Venezuela” que, prácticamente, incentiva a las adolescentes a embarazarse, ya que dicha Misión estipula otorgarles una dádiva por su condición. El impacto de esta decisión se hará sentir como estímulo a la situación que presenta este grave problema social en cuya solución por vías más racionales, aunque lamentablemente discontinuas e insuficientes, el país ha invertido recursos técnicos y financieros. Por otra parte la señalada Misión se agrega a las numerosas expresiones que reflejan la omisión que hace el gobierno de los compromisos que ha suscrito el Estado venezolano en diversos acuerdos internacionales y regionales, según los cuales está obligado a diseñar y ejecutar de estrategias nacionales y locales para la prevención del embarazo en adolescentes.
Dicha dádiva, que por lo demás no resuelve la debilidad económica de ese grupo de venezolanas, contribuirá a incrementar la población en situación de riesgo, que demanda atención y requiere programas especiales que les permitan ejercer los derechos que le consagran la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la LOPNA y la Ley del derecho de la mujer a una vida libre de violencia.
Durante los últimos 10 años, Venezuela ha visto con preocupación el incremento sostenido del porcentaje de nacimientos en madres adolescentes, que ha convertido a este hecho en un problema de salud pública en razón del impacto que tiene en la salud física, emocional y social, no sólo de la madre, sino de su hijo, según lo reconoce el propio MPPS.
Las complicaciones obstétricas representan la 3a causa muerte en mujeres de 15-19 años, haciendo un aporte significativo a la alta tasa de mortalidad materna que ostenta el país.
Los impactos en las esferas emocional y social se hacen evidentes en la dificultad de las madres adolescentes para lograr un hogar estable para ella y sus hijos, en las limitaciones para acceder a las oportunidades que posibiliten el logro de un desarrollo armónico e integral, de mejorar su nivel educativo y económico y de cristalizar los sueños y aspiraciones de su proyecto de vida. La pérdida de oportunidades y de la vivencia de eventos propios de la adolescencia suelen generar sentimientos de frustración que la tornan proclive a convertirse en una madre maltratadora, lo que ratifican las estadísticas sobre violencia en las que las madres adolescentes tienen una alta participación.
Se convierte así el embarazo en adolescentes en limitante del crecimiento personal de la joven madre y en reforzador de la pobreza, acrecentando la exclusión, las desigualdades de género -en detrimento de la mujer- y mayor riesgo de vivir situaciones de violencia doméstica. De hecho, el INE registra como los hogares más pobres, aquellos cuya jefa de hogar es una adolescente.
La alta tasa de embarazo en adolescentes en Venezuela (la más alta de la región de América Latina -23,4% del total de nacimientos- 2009) resulta altamente preocupante frente a la situación demográfica actual, caracterizada por la presencia del mayor número de adolescentes en la vida del país. Este segmento poblacional está representado por 8.8 millones de personas entre 10 y 24 años, quienes prontamente iniciarán su actividad reproductiva y laboral, lo que representa una oportunidad para nuestro país, si se capitaliza este bono demográfico, producido en razón de contar con un mayor número de personas con capacidad productiva frente a las económicamente dependientes, como los niños y adultos mayores.
Si a este grupo de jóvenes no se le brinda las oportunidades de desarrollo, a las que tiene legítimo derecho, podría convertirse en una masa poblacional en riesgo social inclinada a protagonizar o a involucrarse en hechos delictivos, lesivos tanto para ellos como para la sociedad.
Lo que se requiere es la promulgación de políticas y programas a favor de los derechos de las y los adolescentes en materia de educación, salud, recreación, empleo que se fundamenten en el reconocimiento de que el sano desarrollo de las y los adolescentes es un derecho humano que incluye el derecho a la salud sexual y reproductiva, la seguridad sexual del cuerpo, la privacidad, el cuidado y la atención, la información veraz y oportuna, al amor, el derecho a la libre expresión, el derecho a elegir, la educación de la sexualidad, al acceso a la atención en salud y a procrear de manera responsable, los hijos sanos y felices que Venezuela merece.
Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres