1 de mayo 2012.- Los ataques a periodistas independientes y críticos se están multiplicando en México, advirtió Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso, uno de los semanarios de contenido político más destacado del país y que ha sido objeto de múltiples agresiones desde su fundación en 1976.
Hay un ambiente claro de hostilidad contra el ejercicio periodístico, particularmente contra el periodismo independiente y crítico en muchos medios, no solo con Proceso, expresó Rodríguez Castañeda en entrevista radiofónica, dos días después del asesinato de la periodista Regina Martínez, quien la última década de su vida fue corresponsal del semanario en el estado de Veracruz (centro Golfo de México).
Indicó que el homicidio de Regina Martínez, de 49 años, es el primer hecho de sangre que afecta de forma directa a la revista y que sigue a una serie de agresiones que van desde la captura, secuestro, compra masiva de ejemplares hasta amenazas telefónicas contra los reporteros.
“En nuestro caso, son reiterados el secuestro y la compra masiva de ejemplares por parte de quienes se sienten afectados por lo que publicamos. En ocasiones, nos hemos visto en la necesidad de ocultar en el anonimato el nombre de nuestros reporteros, enviados especiales y corresponsales en sus trabajos sobre temas de seguridad.
“Más allá de los detalles que podría arrojar la investigación policiaca, creemos que el asesinato de Regina Martínez sólo pudo darse en esa atmósfera de descomposición y hostilidad”, señaló la revista en su sitio el 29 de abril.
Respecto a la investigación, que está a cargo del gobierno de Veracruz, Proceso es escéptico.
“En una reunión con el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, en la ciudad de Xalapa, a unas cuantas horas del asesinato de nuestra compañera, la directiva de Proceso lo expresó así ante la promesa retórica de que “se investigará hasta las últimas consecuencias”. No les creemos y se los hicimos saber”, indica el texto de la directiva.
Informa que el gobierno del estado solicitó la coadyuvancia de la Procuraduría General de la República (PGR) en las investigaciones y la revista participará en la misma calidad, con un reportero asignado al caso, para evitar desviaciones en las indagatorias.
“No eludiremos ninguna acción hasta conseguir el esclarecimiento del crimen”, finaliza.
Según la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Regina Martínez Pérez, cuyo cuerpo fue encontrado a las 18:15 horas del sábado en el baño de su casa, en Xalapa, murió alrededor de las cuatro de la mañana del mismo día, asfixiada y golpeada.
La necropsia determinó que el agresor o agresores le rompieron el maxilar y dos costillas. Los primeros peritajes reportaron la desaparición de la computadora y dos celulares de la reportera.
Hasta la tarde del domingo, la PGJE sólo contaba con la declaración de dos personas que fueron llevadas al Ministerio Público en calidad de presentadas.
Se trata de la vecina que avisó a la policía sobre circunstancias extrañas en el domicilio de Regina Martínez y la de un hombre que eventualmente le hacía trabajos de mantenimiento.
En entrevista radiofónica, Gina Domínguez, vocera del Gobierno del Estado de Veracruz, dijo en entrevista radiofónica que se pidió el testimonio de esas “dos personas que tenían indicios de las relaciones personales y profesionales” de la periodista, quien vivía sola en Xalapa, capital de Veracruz.
Distintas voces, de manera extraoficial, han externado su temor de que los investigadores de la Procuraduría de Veracruz tiendan a orientar la indagatoria hacia un crimen de tipo pasional o que sus autores sean miembros del crimen organizado.
A ese temor, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Enoé Uranga, advirtió a sus compañeros legisladores en la sesión del lunes 30 de abril: “No se equivoquen, no estamos hablando sólo de muertes de narcotráfico. La reportera asesinada el día de ayer en Veracruz, la reportera de Proceso, se dedicaba especialmente a señalar las violaciones de los derechos humanos del Ejecutivo federal, de los militares en específico”.
Una reportera de Proceso confió que entre los periodistas de la revista se tiene claro que escribir sobre narcotraficantes no es tan peligroso. Lo que es verdaderamente un riesgo para la vida de los periodistas, dijo, es difundir la información sobre funcionarios públicos relacionados con el crimen organizado.
El día de hoy, la Procuraduría General de la República (PGR) aceptó coadyuvar en las investigaciones para esclarecer el asesinato de Regina Martínez, a petición del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Para tal efecto designó a la Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos Contra la Libertad de Expresión, Laura Angelina Borbolla Moreno.
El procurador General de Justicia de Veracruz,Laura Angelina Borbolla Moreno, dijo que la investigación del asesinato de Regina Martínez es de alta prioridad para la dependencia a su cargo, e informó que ya sostuvieron la primera reunión con la enviada de la PGR.
Indicó que hay 20 agentes ministeriales trabajando de tiempo completo en la indagatoria y que se mantienen abiertas diversas líneas de investigación y se trabaja sobre ellas.
Cada diligencia, dijo, será supervisada de manera directa por los directores de la Agencia Veracruzana de Investigaciones, de Servicios Periciales y por la titular del área de Investigaciones Ministeriales.
Al día de hoy, grupos de periodistas y académicos han salido a las calles de las capitales de Veracruz, Morelos, Chiapas, Jalisco y el Distrito Federal a protestar por el homicidio de Regina Martínez y a exigir que el crimen no quede impune.
Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exhortó a las autoridades mexicanas “a realizar una investigación diligente y oportuna que permita identificar y condenar a los responsables de este crimen”.
“Para impedir la impunidad, así como la repetición de este tipo de hechos, es imprescindible identificar a todos los responsables de los asesinatos, juzgarlos, sancionarlos y garantizar que los perpetradores repararán de manera justa a los familiares de las víctimas”, subrayó la institución en un comunicado en el que además manifestó su preocupación por la “persistente violencia” contra los comunicadores en México.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también condenó el que consideró “execrable” asesinato de Regina Martínez, e hizo un llamado a que se realice una investigación pronta e imparcial que lleve a esclarecer el asesinato de Regina Martínez y sancionar a los responsables.
El CEPET sostiene que las agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación por motivo de su trabajo, representan un ataque en contra de la sociedad porque vulneran su derecho a estar informada. Ello de concordancia con criterios de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
