COMUNICAT DE PREMSA: Taula de Treball sobre Migració, Gènere i Desenvolupament. Sistema sanitari

LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES MIGRADAS ANTE LA REFORMA DEL ACCESO AL SISTEMA SANITARIO DENUNCIA LA VULNERACIÓN DEL DERECHO HUMANO A LA SALUD DE TODAS LAS PERSONAS EN ESPAÑA

Ante la publicación en el BOE del Decreto Ley 16/2012 de reforma de la normativa de acceso al sistema sanitario, con fines de recorte presupuestario, La TAULA DE TREBALL SOBRE MIGRACIÓ, GÈNERE I DESENVOLUPAMENT, que agrupa a diversas organizaciones de mujeres migradas, manifiesta lo siguiente:

1.- LAS MUJERES MIGRADAS denunciamos que los recortes sanitarios son una clara vulneración al DERECHO A LA SALUD y al derecho a una asistencia sanitaria pública, universal y de calidad para todas las personas. Es por eso que expresamos nuestro rechazo a las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros del pasado 20 de abril de 2012, pues colocan en serio peligro el mantenimiento de ese derecho y establecen mecanismos discriminatorios para la población más vulnerable.

2.- El Decreto Ley 16/2012 significa la negación del acceso a la sanidad a las personas migradas y también a la juventud española mayor de 26 años que no ha accedido al primer empleo. Por tanto es una clara vulneración de los derechos y libertades no sólo de las personas migradas, sino de todas las personas que viven en España. Con esta decisión el actual gobierno demuestra su claro interés de menoscabar el modelo de estado social que reconoce la Constitución Española.

3. Denunciamos el intento de confundir el “turismo sanitario” de la “población migrada” con la restricción del acceso a la sanidad de todas las personas. Debemos diferenciar claramente dos tipos de las personas “migradas”: Primero, aquellas personas que provienen de la Unión Europea, y que realizando los trámites pertinentes seguirán viniendo a España, y que según el acuerdo que se establezca con su país de origen recibirán la asistencia sanitaria, que uno u otro Estado pagará. Es decir, serán los “extranjeros ricos” que en gran medida estaban realizando el así llamado “turismo sanitario” y, que suelen ser pacientes mayores que vienen a operarse a España desde Inglaterra, Alemania, etc. El gasto sanitario de “turismo sanitario” de este grupo de población tiene fácil solución con acuerdos entre los países a fin de que no se deje sin asistencia sanitaria a ningún paciente. Segundo, aquellas personas migradas “en situación administrativa irregular” que provienen mayoritariamente de países en desarrollo y que su principal objetivo es trabajar, pero no tienen permiso de trabajo y por tanto trabajan en la economía sumergida (pagan impuestos como el IVA que contribuyen a financiar por vía de los presupuestos generales del Estado la sanidad, la educación y las infraestructuras).

4. Al dejar fuera de la atención normalizada a las personas migradas “irregulares” se produce una situación de falta de atención en patologías crónicas que son minoritarias en este colectivo, ya que ocasionarán una grave situación de indefensión de este grupo a los que les “toque” ser diabéticas, hipertensas… Además un mal control de estas enfermedades acabará ocasionando complicaciones que finalmente precisarán ingresos hospitalarios, los cuales pueden provocar un mayor gasto final. Con lo cual probablemente se ahorre muy poco y se provoque una situación de exclusión en personas que viven y trabajan en nuestro país.

5.- Recordemos, por ejemplo, cuando en el año 2000 no se reconocía en España el acceso a la sanidad de los extranjeros que se hallaban en situación irregular; que esta carencia provocó situaciones de desasistencia e incluso graves riesgos sanitarios. Finalmente, la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000 reconoció el derecho a la asistencia sanitaria a todas las víctimas de accidentes, los niños y las mujeres embarazadas y -finalmente- a las personas extranjeras empadronadas. Desde entonces esa asistencia ha sido normalizada sin disfunciones ni problemas.

6.- La reforma de la normativa de acceso al sistema sanitario y normas de desarrollo sobre prestaciones sanitarias por la vía del Decreto Ley viene a suponer una nueva sustracción a un debate democrático y social que evidencia las pretensiones autoritarias de un gobierno que desdeña el diálogo y la participación de los sujetos legitimados y de los agentes afectados, al tiempo que genera nuevamente falsos debates sobre el cuestionamiento de la inmigración, que sin duda redundaran en el crecimiento de actitudes xenófobas y racistas.

7.-Recordamos que ya en 1985 el Tribunal Constitucional estableció que la persona extranjera es titular de derechos fundamentales en cuanto ser humano, independientemente de su situación legal en España; a mayor abundamiento la Sentencia del Tribunal Constitucional 236/2007 declaró inconstitucional precisamente la Ley Orgánica 8/2000 de extranjería, dictada en uso de su mayoría absoluta por un Gobierno del PP cuando intentaba restringir los derechos humanos sólo para los españoles y para los extranjeros en situación regular.

8.- Asimismo remarcar que la persona migrada en situación irregular también es una productora indirecta por la vía de su trabajo sumergido que –si bien no cotiza – sí consume (alimentación, vestido, calzado, ocio, transporte, etc.) y tributa indirectamente (IVA, impuestos especiales, tasas., etc.).

9.- Finalmente, saludamos el compromiso del personal médico que hace un llamado a la objeción de conciencia para atender a todas las personas sin distinción de condición y posición social y origen. Asimismo, demandamos al Gobierno asuma su responsabilidad de velar por la vida y la integridad de las personas y que no promueva políticas y prácticas xenófobas y populistas. Que la respuesta a la crisis se da respetando el estado social y democrático y poniendo en práctica todos los preceptos considerados en la Constitución Española.

Firman el comunicado:

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