OPINION
El pasado 7 de diciembre, las puertas de la justicia nuevamente se cerraron para las mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas.
La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima volvió a archivar en primera instancia, por segunda vez consecutiva en este año, la investigación de este delito.
A las defensoras de derechos humanos que estamos implicadas en la demanda de verdad, justicia y reparación para las víctimas de esterilización forzada, nos preocupa que la resolución emitida por la Fiscal encargada, Marcelita Gutiérrez, presente una serie de argumentos que no reconocen ni asumen los estándares internacionales de derechos humanos, menos de derechos humanos de las mujeres. Es una clara evidencia de la deficiencia del proceso de investigación.
La magistrada argumentó la inexistencia de historias clínicas, el que las mujeres no señalen quiénes las operaron y que el ser quechua hablantes no es motivo de vulnerabilidad y que no se demuestra la amenaza y el maltrato que dijeron padecer. Además, no ha tomado en cuenta los testimonios de las víctimas que narraron la forma cruenta cómo fueron esterilizadas. Poco le ha importado las actuales secuelas que las esterilizaciones dejaron en la autonomía sexual y reproductiva, en la autonomía económica y en el bienestar emocional y social de las mujeres afectadas.
La investigación fiscal no ha reconocido las irregularidades que denunciaron en su momento las organizaciones de mujeres afectadas: como la desaparición de historias clínicas, la coacción, inexistencia de consentimiento informado, amenazas, torturas, analfabetismo de muchas víctimas, incluso el uso de un programa de dotación de alimentos para condicionar a las mujeres.
Y en un acto que perpetua la impunidad, el racismo y la violencia contra las mujeres que denunciaron, resolvió no otorgar responsabilidad alguna a los principales perpetradores: Alberto Fujimori y sus ex ministros de Salud –Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga– y el personal de salud. En su investigación, la magistrada evitó analizar el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar dirigido por el mismo Presidente de la República y que fue aplicado entre los años 1996-2000, mediante el cual se esterilizó a cerca de 300 mil mujeres y 22 mil hombres de poblaciones indígenas, según cifras del propio Ministerio de Salud.
Con la presente resolución la fiscal Gutiérrez complementa su decisión emitida el mes de julio pasado, cuando indicó que las esterilizaciones forzadas no eran un delito de lesa humanidad ni tampoco una política de Estado “destinada a vulnerar derechos fundamentales”.
Ahora la resolución definitiva está en manos del fiscal superior Luis Landa, quien en segunda instancia, tendrá que decidir si denuncia o mantiene lo dispuesto por la fiscal Gutiérrez. Por este motivo, la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas emitieron un comunicado expresando su indignación y rechazo a la resolución, y el 10 de diciembre, en el marco internacional de los derechos humanos, más de 30 organizaciones internacionales de la sociedad civil impulsadas por el Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas, la Red de Mujeres Iberoamericanas, la Colectiva Raíces y Alas, entre otras, junto a personas preocupadas e indignadas de España y Cataluña, emitimos un pronunciamiento para mostrar nuestra preocupación al fiscal Landa y expresarle que es imperativo tomar con seriedad la demanda de las víctimas.
Ya son varios los archivamientos y casi veinte años que las mujeres afectadas persisten en su denuncia con evidencias más que demostradas, como es el caso de la última investigación realizada “La verdad está en nuestros cuerpos. Secuelas de una opresión reproductiva” que hacen visible la violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las graves secuelas en sus vidas.
No se puede negar la existencia de una fuerte presión de parte de desean mantener en la impunidad a los principales responsables. Y no es de extrañar que las mujeres afectadas organizadas que lideran este proceso y las propias defensoras hayan recibido amenazas contra su seguridad e integridad. Es una realidad que la justicia ha de tomar en cuenta y demostrar su imparcialidad.
Hacer alusión a la “falta de pruebas” es una afrenta a la dignidad y credibilidad de las víctimas, es una violencia institucional que no se puede permitir en un país donde se requiere consolidar la democracia y el estado de derecho. Ahora que las organizaciones defensoras han interpuesto un recurso contra la resolución de archivamiento esperamos que el fiscal Landa cambie el curso de la investigación a favor de las víctimas. Es la oportunidad que tiene para demostrar que la Fiscalía de la Nación no es un espacio de impunidad sino de justicia.
