La Fundación Vida Sin Violencia pidió multiplicar las medidas para evitar feminicidios, preocupa que después de denunciar, y tener orden de protección, las mujeres son asesinadas.
Para la ministra de la mujer dominicana, Janet Camilo, la cifra de feminicidios sigue siendo elevada en el país y afirma que en este año que se inicia existen tres desafíos por explotar desde las escuelas, la comunidad y en las instituciones gubernamentales, dirigidas a disminuir los niveles de violencia de género.
“La prevención, el trabajo interinstitucional y el ejercicio de la ciudadanía son los tres ejes que figuran en agenda para este nuevo año”, expresó Camilo al Listín Diario, en entrevista concedida a finales de diciembre del recién concluido 2018. Según plantea la titular, se requiere “seguir concientizando a la ciudadanía y entidades para continuar reduciendo el porcentaje de feminicidios”.
Afirmó que este es un propósito fundamental de ese Ministerio, dirigidos los esfuerzos a la prevención “como raíz de los planes y acciones que se desarrollen para atacar esta problemática que ha provocado maltratos físicos y verbales, hasta muertes de mujeres y niños”.
Denuncian primero y son víctimas después
Aunque las cifras continúan discordantes y cada institución se pronuncia de manera diferente en esta dirección, la Fundación Vida Sin Violencia manifestó a principios de 2019 su preocupación por el alto índice de violencia contra las mujeres que se mantiene en el país y pidió multiplicar las medidas para evitar feminicidios; denunció, además, que en el 2018 se registraron 97 asesinatos de mujeres, de los cuales 69 fueron íntimos y 51 correspondieron a menores de 35 años de edad.
La presidenta de la entidad, Yanira Fondeur de Hernández, dio a conocer dichas estadísticas y precisó que 42 de estas mujeres fueron asesinadas en sus hogares con armas blancas, cuyo factor de riesgo fundamental fue el hecho de decidir terminar la relación.
“Vemos con mucha preocupación las informaciones de mujeres que después de tener el valor de denunciar y conseguir de un juez una orden de protección, pasan a ser parte de las listas de los feminicidios, por lo que entendemos que a partir de todo tipo de medidas de protección debe implementarse un seguimiento, en razón de que las denuncias las hacen más vulnerables”.
Poco efectivas las órdenes
La experiencia ha confirmado que las órdenes de alejamiento impuestas a los agresores por el tribunal, a fin de evitar que puedan aproximarse o molestar a su expareja o pareja, a partir de la denuncia de la mujer por violencia de género, no garantiza la protección de esta en medida alguna.
De hecho, Diario Libre publicó este 3 de enero el doble feminicidio cometido a principios del actual año, cuando un hombre mató a su expareja y a la madre de esta en uno de los barrios de la capital, a pesar de tener varias órdenes que prohibían su acercamiento.
Una larga lista se engrosa con quienes no pudieron ser salvadas , pese a tener una orden de protección, como Andreea Celea, a quien su novio Gabriel Villanueva, supuestamente lanzó del octavo piso de un hotel en la capital; Belkis Almonte, ultimada de varios disparos por su expareja Víctor Radhamés; Gabrielis S ánchez, la adolescente de 15 años que fue asesinada por su expareja Orlando Adames, quien tras cometer el crimen se suicidó en Los Guandules, y hay muchos más nombres que no pueden ser olvidados con el paso del tiempo.
Opiniones
Juristas como los abogados Amadeo Peralta y Ángel Moneró entienden que hasta que la Policía Nacional y el Ministerio Público no ejecuten mecanismos de seguimiento a esas órdenes de protección, se van a seguir cometiendo feminicidios, debido a que “solo sirven como un agravante cuando la persona comete un hecho de sangre y no se suicida, pues en tales casos esas órdenes pueden servir para que les impongan 30 años de prisión al victimario”, subraya Peralta.
En tanto que Moneró interpreta que “los recursos públicos no están focalizados en resolver ese tipo de problema de la población. A los asuntos de violencia de género hay que darles seguimiento y el Estado no está capacitado. Hay recursos, pero se necesita una reestructuración de las políticas públicas para invertir dichos recursos públicos en ese tema que tanto enluta a las familias dominicanas. Que se canalicen en la dirección indicada”, concluye.
También la coordinadora del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Lourdes Contreras, aborda la situación: “Si no hay suficiente capacitación para entender el problema de los feminicidios y la forma en cómo actúan los victimarios, los fiscales y policías seguirán viendo las denuncias como si se trata de hechos irrelevantes o problemas entre pareja y no actuarán como manda la ley”.
Contreras advierte que en el caso específico del asesinato a la madre y la hija que tuvo lugar en Santo Domingo, “se incluye no solo a la mujer, sino a la madre de esta, lo cual es una dolorosa indicación de que el concepto feminicidio no puede estar solamente restringido a pareja o expareja, sino que debe ampliarse a todas aquellas mujeres que son vecinas, madres hermanas o relacionadas y son ultimadas por un hombre”.
No obstante, la ministra Janet Camilo Camilo considera que las operaciones por parte de los tribunales de República Dominicana han sido eficientes a la hora de trabajar la violencia de género: “Hemos salvado más vidas, pero lamentablemente los feminicidios ocurridos en el 2018 siguen siendo una tasa alta”, puntualizó, aunque observó que estos han disminuido en un 18 por ciento, en comparación con el año anterior.
Argumentó lo anterior al resaltar que las casas de acogida y el sistema de “Línea Mujer, *212”, han rescatado alrededor de 15 mil mujeres por vía telefónica y han brindado ayuda a unas mil 300 mujeres, niñas y niños.
En este contexto, Fondeur dijo que en 2018 se registraron unos 79 huérfanos por feminicidios, y recomienda implementar un “exhaustivo registro, seguimiento y ayuda psicológica a cargo de las instituciones relacionadas con los menores, en cuya primera infancia se precisa un proceso de prevención de la violencia intrafamiliar y de género a fin de inculcar políticas educativas de valores e igualdad, que proporcionen herramientas para el control de las emociones”, destacó.
Fondeur de Hernández llamó también a la transverslización que implica una participación activa del Ministerio de Salud Pública, pues en los hospitales se reciben los primeros indicadores de violencia física; así como los Ministerio de Educación y Cultura, junto a los Ayuntamientos, muy cercanos a toda la población; en tanto que la Fundación Vida Sin Violencia mantiene sus objetivos y compromisos de continuar trabajando en la prevención de la violencia intrafamiliar y de género en la República Dominicana.
