Una fuerte controversia social gener\u00f3 una iniciativa del presidente Felipe Calder\u00f3n<\/strong> para cambiar m\u00e1s de 1.000 disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, enviada el primero de setiembre al Congreso, y que se discute aceleradamente con el aval del nuevo partido gobernante, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).<\/span><\/p>\n Se espera que los cambios ocurran en los pr\u00f3ximos 40 d\u00edas, pero desde ya esta propuesta se considera un retroceso.<\/span><\/p>\n \u00a0<\/p>\n <\/p>\n \u00a0<\/p>\n Las modificaciones significar\u00e1n la p\u00e9rdida definitiva de derechos sociales y la profundizaci\u00f3n de las responsabilidades familiares para las mujeres trabajadoras, actualmente 42 por ciento de la fuerza de trabajo, y un porcentaje adicional de 11 por ciento que laboran en el trabajo informal o precario.<\/span><\/p>\n Seg\u00fan la iniciativa, ellas son vistas solo como reproductoras, concluyeron especialistas y sindicalistas en un Foro para analizar la propuesta, realizado en la C\u00e1mara de Diputados el pasado 17 de septiembre.<\/span><\/p>\n En esa reuni\u00f3n las participantes advirtieron que la idea del Presidente de la Rep\u00fablica se ha lanzado con una sospechosa y “perversa” justificaci\u00f3n de que se introduce una visi\u00f3n de g\u00e9nero en la reforma, cuesti\u00f3n totalmente falsa, dijo a SEMlac la polit\u00f3loga Teresa Incha\u00fastegui<\/strong>, diputada en la pasada legislatura.<\/span><\/p>\n In\u00e9s Gonz\u00e1lez<\/strong>, representante de la Red de Mujeres Sindicalistas, se\u00f1al\u00f3 que la iniciativa “regular\u00e1” todas las ilegalidades contra las que han luchado las sindicalistas en los \u00faltimos 30 a\u00f1os y dijo que, enviada para resolverse en 30 d\u00edas, es un verdadero albazo, en alusi\u00f3n a un acto intencionado y premeditado, que se hace para ganar tiempo y adelantarse a los hechos.<\/span><\/p>\n Las participantes en el Foro exigieron discutir la propuesta ampliamente, antes de ser aprobada.<\/span><\/p>\n Una tendencia, encabezada por la exdiputada Rosario Ortiz<\/strong>, s\u00ed busca transformar la Ley, bas\u00e1ndose en que la actual est\u00e1 obsoleta y no reconoce los cambios ocurridos en el mercado laboral, donde se incorporaron crecientemente las mujeres, las modificaciones en los procesos de trabajo y, sobre todo, no se ha tocado la regulaci\u00f3n sindical, que impide el desarrollo de sindicatos independientes.<\/span><\/p>\n Pero ello no pude fundarse en violaciones sustantivas a los derechos humanos y del trabajo. Ortiz<\/strong> hizo notar que podr\u00eda lograrse una buena ley si hay debate real.<\/span><\/p>\n Las participantes en ese foro se constituyeron el mismo 17 de septiembre en una Coordinadora Nacional, seg\u00fan inform\u00f3 la actual legisladora Mal\u00fa Micher.<\/span><\/p>\n El abogado Carlos Reynoso<\/strong>, representante la Confederaci\u00f3n Revolucionaria de Obreros y Campesinos, explic\u00f3 que el derecho universal de las trabajadoras a tener un descanso de hasta 90 d\u00edas por parir -45 d\u00edas antes del nacimiento y 45 d\u00edas despu\u00e9s-, que en la iniciativa da la opci\u00f3n de acumular el descanso luego de dar a luz, realmente es una falacia, porque est\u00e1 condicionado a la voluntad del patr\u00f3n y a otra serie de requisitos.<\/span><\/p>\n Ello es una muestra de la manipulaci\u00f3n que, pretextando introducir el g\u00e9nero, realmente no ofrece ning\u00fan nuevo derecho; lo mismo sucede en los tiempos para lactancia y otras cosas, trascendi\u00f3 en el foro.<\/span><\/p>\n En cambio, como analiz\u00f3 largamente Incha\u00fastegui<\/strong>, la iniciativa propone la exigencia de una certificaci\u00f3n laboral para el ejercicio de cualquier oficio, que perjudicar\u00e1 principalmente a las mujeres, quienes en mayor\u00eda no acceden a la educaci\u00f3n formal. “\u00bfC\u00f3mo y cu\u00e1ndo certificar a una mesera, a una recamarera?”, se pregunt\u00f3.<\/span><\/p>\n Tambi\u00e9n dijo que es una trampa la implantaci\u00f3n del per\u00edodo de prueba para obtener un empleo, puesto que actualmente la ley lo proh\u00edbe. Ahora se legaliza, argumentando que un nuevo trabajador o trabajadora estar\u00e1n a prueba durante seis meses capacit\u00e1ndose, lo que equivale a transitar por ese plazo sin contrato y sin derechos.<\/span><\/p>\n Actualmente, m\u00e1s bien, la ley se\u00f1ala que al laborar seis meses autom\u00e1ticamente se adquiere una plaza laboral. Las mujeres son m\u00e1s vulnerables para este tipo de contrataciones, dijo.<\/span><\/p>\n Adem\u00e1s, se sabe que 25 por ciento de las mujeres que trabajan lo hacen con una baj\u00edsima capacitaci\u00f3n y ahora estar\u00e1n en peligro de perder su empleo. La ley, dijo, est\u00e1 evidentemente legalizando tambi\u00e9n el desempleo.<\/span><\/p>\n Una de las cuestiones que m\u00e1s acosan a los sindicatos es el trabajo a terceros, lo que significa que una empresa -grande, sobre todo- tiene un grupo de trabajadores, con derechos y sindicato, pero ahora el patr\u00f3n podr\u00e1 contratar servicios por fuera para ahorrarse salarios, derechos, antig\u00fcedad y ascensos. As\u00ed, el Estado se desentiende, precisamente, de tutelar los derechos laborales.<\/span><\/p>\n En lo que las sindicalistas independientes est\u00e1n de acuerdo es en la libertad sindical. Ahora la ley dota a los dirigentes de gran poder. La iniciativa prev\u00e9 esta libertad, demanda de hace cuatro o cinco lustros. Pero todo hace suponer que tambi\u00e9n este ha sido un se\u00f1uelo para que se negocie con los grandes dirigentes, que tradicionalmente han apoyado a “la clase pol\u00edtica”, de modo que no se les quiten sus privilegios si aceptan la reforma en todos los dem\u00e1s aspectos.<\/span><\/p>\n El antecedente<\/span><\/strong><\/p>\n Desde los a\u00f1os ochenta, en M\u00e9xico las relaciones laborales se han conducido fuera de la Ley Federal del Trabajo, aprobada en 1931. En esos a\u00f1os se desarroll\u00f3 el trabajo de “maquila” en la frontera norte, realizado principalmente por mujeres en empresas donde se estableci\u00f3 un r\u00e9gimen laboral “especial” de facto. Una de las principales consecuencias de este trabajo, sin protecci\u00f3n de la ley, es el salario miserable y efectos preocupantes en la salud.<\/span><\/p>\n Las crisis recurrentes y los cambios en los procesos productivos chocaron sistem\u00e1ticamente con esa ley de los a\u00f1os treinta y se hicieron cambios en la pr\u00e1ctica, en empresas industriales y de servicios, que afectaron el derecho al trabajo, la antig\u00fcedad, la seguridad social y el empleo.<\/span><\/p>\n Tambi\u00e9n hubo cambios en los contratos colectivos, con cuestiones pactadas fuera de esa ley. Paralelamente, los trabajadores organizados fueron perdiendo fuerza de negociaci\u00f3n y los empleos se precarizaron. La creciente incorporaci\u00f3n femenina a todos los sectores laborales sirvi\u00f3 a los patrones para pagar mal, en ocasiones por horas, sin seguridad social y sin derechos fundamentales, lo que hoy afecta a 18 millones de mujeres.<\/span><\/p>\n El desempleo creci\u00f3. S\u00f3lo en los \u00faltimos seis a\u00f1os siete millones de personas, j\u00f3venes y mujeres, no tienen trabajo, seg\u00fan el Instituto Nacional de Estad\u00edstica Inform\u00e1tica y Geograf\u00eda.<\/span><\/p>\n No obstante, los sindicatos conocidos como “oficiales”, definidos como “charros” y que dependen del capital del gobierno, mantuvieron privilegios, como que un solo individuo o un comit\u00e9 por rama o empresa regula la fuerza de trabajo, hace contratos a modo, llamados de protecci\u00f3n y cobra millones de pesos en cuotas.<\/span><\/p>\n Pero, adem\u00e1s, ese comit\u00e9 puede pedir el despido de cada trabajador que no est\u00e9 de acuerdo con dicho comit\u00e9. Se llama cl\u00e1usula de exclusi\u00f3n, con lo cual las dirigencias hist\u00f3ricas se han mantenido en el poder.<\/span><\/p>\n Hoy, por la v\u00eda de centrales, federaciones o confederaciones, las dirigencias tienen una cuota de representaci\u00f3n en el Congreso, en gobiernos locales o estatales y contratos especiales con las grandes empresas, sean estas del Estado o privadas, y sean las dirigencias de un partido pol\u00edtico o de otro.<\/span><\/p>\n En este panorama, patrones y diversos gobiernos, desde hace 30 a\u00f1os, han buscado cambiar la legislaci\u00f3n. Existen 164 iniciativas en el Congreso Federal sin aprobarse.<\/span><\/p>\n La ley vigente se fund\u00f3 en el tutelaje del Estado a los trabajadores, hoy podr\u00eda ser integralmente modificada en los pr\u00f3ximos 40 d\u00edas, legalizando todas las violaciones y reforzando solo las necesidades patronales.<\/span><\/p>\n La iniciativa puede acordarse r\u00e1pidamente, en virtud de que existe el derecho del Presidente de la Rep\u00fablica a proponer dos leyes al comienzo de un per\u00edodo camaral, y que estas tienen que dictaminarse aprobando o rechazando en los siguientes 30 d\u00edas.<\/span><\/p>\n Desde 1931 solo hubo un cambio profundo, en los a\u00f1os setenta, que modific\u00f3 exclusivamente lo que se llama asuntos procesales para el tema de los conflictos obrero patronales, fortaleciendo los tribunales laborales, llamados en M\u00e9xico Juntas de Conciliaci\u00f3n y Arbitrajes, las que se construyen con representantes del gobierno, los patrones y los trabajadores.<\/span><\/p>\n Estas juntas deb\u00edan desaparecer, dijo a SEMlac el abogado Arturo Alcalde, integrante de la Asociaci\u00f3n de Abogados Democr\u00e1ticos, y pasar los conflictos a los tribunales comunes, porque hoy las juntas son el coto de poder patronal y del sindicalismo oficial. Hay asuntos que se tardan en resolver hasta cinco a\u00f1os.<\/span><\/p>\n Alcalde reconoce que hay que cambiar la ley y dijo que existen propuestas dignas, democr\u00e1ticas y justas, que Felipe Calder\u00f3n<\/strong> no tom\u00f3 en cuenta.<\/span><\/p>\n La Reforma, seg\u00fan la polit\u00f3loga Incha\u00fastegui, atenta contra la tutela del Estado a la clase trabajadora, deja libres a los patrones para mercadear la fuerza de trabajo, enga\u00f1a con los derechos de las mujeres, quita responsabilidades al Estado y privatiza la movilidad de las y los trabajadores, que solamente queda en manos de los patrones.<\/span><\/p>\n El representante para M\u00e9xico y Cuba de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo, Thomas Wissing<\/strong>, dijo a SEMlac, v\u00eda telef\u00f3nica, que la propuesta presidencial ser\u00eda la legalizaci\u00f3n del trabajo precario y dar\u00eda un golpe severo a las organizaciones sindicales.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La creciente incorporaci\u00f3n femenina a todos los sectores laborales sirvi\u00f3 a los patrones para pagar mal, en ocasiones por horas, sin seguridad social y sin derechos fundamentales, lo que hoy afecta a 18 millones de mujeres. 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