20 años de la Convención de Belém do Pará

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Opinión - Opinión: Igualdad

 

 sara lovera

OPINIÓN

Dos décadas después de que 32 países del hemisferio americano signaron la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, hay avances y un enorme pendiente: que realmente las mujeres sean libres y que sus derechos humanos sean respetados.

 

En palabras de Carmen Moreno Toscano, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, es "la práctica cultural que concibe a las mujeres como objeto, que sigue viendonos como entes que pueden emplearse para cualquier fin: lo que abre la puerta al abuso y el asesinato". Hoy el feminicidio está tipificado en México, pero las cifras son dolorosas.


En el estado de Hidalgo, a 90 kilómetros de la capital de México, se realizó el Foro Hemisférico Belém do Pará +20. Durante dos días y en más de 100 intervenciones de panelistas, se escucharon análisis y relatos de acciones, programas y legislaciones. Pero se escuchó también, una y otra vez, una palabra ensordecedora: resistencia.
Resistencia en la sociedad, los jueces, policías, en el magisterio, el personal de salud, el aula, los medios de comunicación, entre líderes y gobernantes, financieros y legisladores. Resistencia para dar a las mujeres un lugar digno y humano.

Belén do Pará, en 1994, fue una piedra de toque para reconocer la violencia contra las mujeres y comprometer a los gobiernos a prevenir, sancionar y erradicar todo acto de violencia y humillación contra las mujeres, una lacra que asesina, en palabras de la costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

Belen do Para

Grynspan enfatizó que, en este lapso, aparecieron claramente otras formas asociadas a esa violencia, como la trata con fines de explotación sexual, los asesinatos y la tortura.
Además, dijo la exfuncionaria del Consejo Económico para América Latina y el Caribe (Cepal), se pierde productividad, hasta dos por ciento del producto interno bruto en el continente.


Tras reconocer a la Convención como una herramienta fundamental y aplaudir avances significativos--nuevas legislaciones, planes, programas, modelos de atención--, Grynspan dijo que es necesario dar centralidad al empoderamiento de las mujeres, poner en el centro de nuestras naciones y de la democracia, la libertad de las mujeres.
Veinte años después "estamos en el principio. Reconozcamos de nuevo que es inadmisible la persistencia de este flagelo".


Al final del foro, en una declaración general, las representaciones de los países signantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ratificaron la Convención y, mirando al futuro, pusieron al centro dos tareas para cumplir con la prevención --el más escaso de los avances--: educación y transformación de los medios de comunicación. Dos puntas de una solución.
El Foro Hemisférico Belém do Pará +20 fue organizado por el gobierno local mexicano de Hidalgo y la Comisión Interamericana de Mujeres.


José Miguel Inzulza, secretario general de la OEA, recordó a los gobiernos su obligación de cumplir con todas las partes de la Convención y dijo que la desigualdad entre hombres y mujeres; la violencia, que va de la humillación verbal al asesinato, hacen aparentemente inalcanzable la democracia. "Una democracia solo para la mitad de la población no es democracia", enfatizó.
Beatriz Ramírez Abella, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, planteó uno de los asuntos menos analizados en estas dos décadas: el acoso y la humillación sistemática contra las mujeres en todas sus actividades, no considerado delito grave y cuya dimensión está horadando en la salud mental de millones de americanas.


Una violencia escondida que produce miedo y está legitimando, día a día, la discriminación y exclusión de las mujeres, agregó.
Durante el foro se hizo un recuento de acciones y programas desplegados en cada país y frente de acción, particularmente en el proceso jurídico.
En solo 16 países hay leyes de igualdad y contra la violencia; una creciente denuncia de las afectadas, fiscalías especializadas, planes nacionales, consejos, cientos y miles de personas han recibido información y capacitación, se ha convocado a la reflexión; se han hecho estudios y diagnósticos, encuestas y campañas.


Sin embargo, se reconoce que la prevención no es exitosa y la persistencia del flagelo y la impunidad conspiran sistemáticamente contra esas acciones y las políticas públicas.
La Declaración de Pachuca, firmada por delegadas titulares y alternas ante la Comisión Interamericana de la Mujer, compromete a adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, especialmente para actuar con debida diligencia, trabajar por modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, contrarrestar prejuicios y costumbres.
Ratificaron los acuerdos de la 58 sesión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, así como el compromiso de invertir recursos para transversalizar la perspectiva de género y trabajar profundamente en la prevención de la violencia, empezando por la escuela, los medios de comunicación y las agencias publicitarias.


También, vigilar que los gobiernos concluyan cambios legislativos para que los medios de comunicación se conviertan en aliados y no en promotores de la violencia y la discriminación femenina.
Firmaron cuatro compromisos específicos: fortalecer el enfoque en la prevención, como una respuesta integral; luchar contra la cultura de la impunidad y la utilización de estereotipos discriminatorios, coordinar las instancias de los gobiernos para asegurar que las acciones cuenten con apoyo político a todos los niveles. Especialmente, contar con recursos financieros y humanos para obtener resultados en el corto, mediano y largo plazos.


La declaración final incluyó la demanda de que los gobiernos rindan cuentas sobre sus acciones y las aceleren, se cumpla y armonice la legislación y se propicie en todos los campos la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
El encuentro permitió, además, el intercambio de personas, agencias oficiales y funcionariado de 25 entidades de las 32 de la nación mexicana y 14 países representados.
También la presentación de lo que ahí se llamó programas piloto, que dan cuenta de acciones exitosas, pero en poblaciones reducidas, específicas y limitadas.

 

Por ejemplo: en México existe un millón 500.000 personas del profesorado de la educación básica a la profesional y no ha sido posible más que capacitar a algunos miles, menos del 25 por ciento. Situaciones similares ocurren en Chile, El Salvador y Honduras.